La diputada Norma Angélica Aceves García (PRI) presentó una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política, en materia de independencia y autonomía de las instituciones policiales y periciales para la investigación de los delitos del fuero federal.

La propuesta, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, establece que la investigación de los delitos corresponde a las policías, “las cuales gozarán de autonomía técnica para realizar esta función. Los servicios periciales se organizarán de acuerdo con la ley, garantizando su autonomía técnica”.

Añade que la Federación contará con una institución denominada Instituto Federal de Servicios Periciales, de carácter civil, adscrita a la secretaría de despacho encargada de la seguridad pública, la cual gozará de autonomía técnica y presupuestal, cuya finalidad será proporcionar los insumos técnicos necesarios para la investigación y acusación del proceso penal, en asuntos del fuero federal.

En su argumentación, la legisladora considera necesario reconocer que el monopolio del proceso penal en sus dos etapas (investigación y acusación) por parte del Ministerio Público, facilita la corrupción, incrementa la impunidad y no favorece los principios constitucionales sobre el derecho a la justicia.

En consecuencia, subraya, es necesario romper esa prerrogativa para que dos instancias realicen el proceso: la policía deberá dedicarse a la investigación y el Ministerio Público a la acusación ante los tribunales.

Precisa que, lamentablemente, la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 para crear un sistema de justicia penal más eficiente y justo, no modificó algo que es crucial para ese objetivo, ya que es necesario separar las etapas del procedimiento penal con el actual monopolio que detenta el Ministerio Público.

Puntualiza que hoy día en México está vigente un sistema de justicia penal contradictorio, porque dice estar comprometido con el respeto a los derechos de las personas que son sometidas a un proceso penal acusatorio basado en el principio de presunción de inocencia, pero en la práctica sigue manteniendo ciertas estructuras que permiten la existencia de factores de riesgo.

Subraya que, en múltiples investigaciones, todas a cargo del Ministerio Público, primero se arma el caso y luego se investiga, tal fenómeno tiene lugar cuando los peritajes son moldeados para que todo el proceso cuadre, tal como se describe en la cinta “Presunto culpable”.

Es necesario tener un pacto entre todos los partidos políticos, donde nos pronunciemos contra el crimen organizado, que es el mayor enemigo de la democracia, porque no podemos soslayar que la mayor preocupación de la gente es la seguridad, aseguró el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez.

Al participar en la Mesa: “El Papel de las Autoridades Electorales Frente a la Intervención del Crimen Organizado en los Procesos Electorales”, el líder congresista aseveró es necesaria la participación de los partidos políticos, en un conversatorio donde nadie se sienta incómodo al hablar de la presencia del narcotráfico, pero, subrayó, sobre todo hacerlos responsables de la seguridad y de la postulación de los candidatos.

“Tenemos que hacer que los partidos tomen una posición pública en contra de la delincuencia, y eso incluye hasta darle seguimiento a propuestas engañosas que hacen apología del delito, porque dejan en desventaja a los otros”, enfatizó.

Expuso que los antecedentes de la participación del narcotráfico en las últimas elecciones obligan a establecer un protocolo con un apartado para los candidatos, contar con un mapa de riesgo, así como un observatorio y comisionado electoral que trabajen de manera coordinada con el Instituto Electoral Nacional (INE) y den seguimiento a lo que sucede en el proceso.

En materia de seguridad, Moreira Valdez puntualizó que la convocatoria no solamente debe ser para quienes ya actúan, como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Nacional y la Guardia Nacional, sino también involucrar a los gobernadores, que juegan un papel importante en lo que pasa en los estados.

En la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la Tercera Reunión de Colaboración Institucional con las Salas Regionales, el exgobernador de Coahuila matizó que estas acciones se tienen que ejecutar porque actualmente hay un número de homicidios increíbles, estados y ciudades con tasas altas de homicidios por cada 100 mil personas.

En ese sentido, consideró que el INE y el Tribunal Electoral son los actores fundamentales de la democracia, junto con los partidos, pero no son simples operadores, porque han cambiado el acontecer de las elecciones. Ahora, dijo, tienen que pensar en convenios con las autoridades de seguridad pública y las fuerzas políticas para blindar los procesos electorales.

Porque advirtió, en mi experiencia, el crimen, primero trata de ganar algo ilícitamente, por venta, por el tráfico; después empieza a meterse a la economía, y termina queriendo ser Estado, ofreciendo justicia y obras, como está pasando ahora en muchos municipios de Michoacán

En esta mesa de debate también participaron el Eduardo Guerrero Gutiérrez, Sandra Ley Gutiérrez, Joy Kathryn Lagnston, el magistrado David Avante Juárez y el magistrado Presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón.

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) ha tomado medidas drásticas tras el descubrimiento de un trabajador de una empresa de servicios de apoyo en tierra que presuntamente robaba objetos del equipaje de los pasajeros.

El incidente se registró el 29 de septiembre, cuando las autoridades del aeropuerto recibieron una denuncia de robo de equipaje por parte de un pasajero. Ante este reporte, se inició una minuciosa investigación que contó con la participación activa del personal de seguridad del aeropuerto y la colaboración de la Policía de Investigación (PDI).

Los investigadores de la PDI identificaron a un empleado de una empresa que proporciona servicios de apoyo en tierra a diversas aerolíneas, incluyendo la manipulación y cuidado del equipaje de los pasajeros. Durante el proceso de investigación, se hallaron múltiples objetos que se presume fueron sustraídos de las pertenencias de algún pasajero.

Como respuesta a estos hechos, el AICM informó que el trabajador en cuestión ha sido despojado de su identificación aeroportuaria, lo que lo inhabilita para ingresar o laborar en las instalaciones del aeropuerto. Además, la empresa para la que trabajaba tomará las medidas necesarias para dar de baja al empleado, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran derivarse de este incidente.

La seguridad y la integridad de los pasajeros y sus pertenencias son prioridades fundamentales para el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México. En consecuencia, el AICM ha abordado este incidente con seriedad y ha emprendido las medidas disciplinarias y legales correspondientes acorde a la gravedad de la situación.