(Agencias) La implementación real de la Ley General para el control del Tabaco y su Reglamento en México, así como los más de 2 mil 500 amparos interpuestos por la industria tabacalera son los principales retos de la sociedad civil en esta materia, advirtieron especialistas.

En el marco del Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora este miércoles, la organización Salud Justa presentó la XVIII Evaluación de la Sociedad Civil sobre Políticas Públicas para el Control del Tabaco: “Retos de la implementación de la Ley General para el Control del Tabaco y su Reglamento”, en el que documentó y exhibió los principales desafíos al respecto.

“Detectamos que la ley se ha convertido en medidas que no han sido posibles de implementar de manera efectiva”, dijo en una conferencia de prensa Adriana Rocha, directora de sociedad civil y asuntos legislativos de la consultora Polithink, que ayudó en la elaboración del reporte.

Esto, señaló, por la gran cantidad de amparos que han interpuesto la industria tabacalera y sus aliados.

Juan Núñez Guadarrama, coordinador de la Coalición México Salud-Hable, explicó que existen más de 2 mil 500 amparos interpuestos contra la ley, que inició su implementación el pasado 15 de enero.

“(Ellos) pretenden malograr la aplicación de la Ley General para el Control del Tabaco y su Reglamento actualizado, pero no pueden estar de ninguna manera por encima de la protección de la salud de las y los mexicanos”, apuntó.

Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, destacó que la reacción de la industria tabacalera contra las reformas a la Ley General para el Control del Tabaco y su Reglamento “ha sido feroz”.

“Lo que no pudo conseguir en el Congreso de la Unión, donde se construyó una reforma prácticamente unánime a favor de la reforma, ha sido controvertido en tribunales mediante una lluvia de amparos”, lamentó.

EL 90% DE AMPAROS NO SE HAN RESUELTO

De acuerdo con Maximiliano Cárdenas, coordinador jurídico de la organización Salud Justa, 9 de cada 10 de los amparos interpuestos desde el 16 de enero pasado no han prosperado.

“La industria y sus aliados han alegado que sufren afectaciones a la libertad de comercio, pero sin mostrar evidencia, por ello muchos de los amparos se han desechado”, expresó.

En ese sentido, Rocha refirió que la industria ha buscado desestimar las medidas que se buscan implementar, como espacios libres de humo de tabaco y la prohibición de la exhibición de estos productos en tiendas de conveniencia y departamentales.

“Contar con un marco normativo completo y sólido es sin duda la base de la política pública, pero ¿es suficiente? No, no lo es. La falta de voluntad política para llevar a la práctica las normas y una muy deficiente o nula implementación de la ley por parte de las autoridades, son hoy día el pendiente más grande con la ciudadanía”, agregó.

En México entró en vigor el 15 de enero pasado un nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco que prohíbe fumar en espacios públicos 100% libres de humo y en otros lugares de concurrencia colectiva, como estadios, plazas, parques, playas y hasta hoteles.

La normativa también prohíbe fumar en bares, restaurantes y otros sitios públicos sin zonas exclusivas para fumadores.

Rosario Robles Berlanga, extitular de la desaparecida Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en el sexenio anterior, logró un amparo que anula la orden de aprehensión girada en su contra en 2020 por lavado de dinero y delincuencia organizada en el caso de “La Estafa Maestra”.

Basta recordar que a la exservidora pública le buscan imputar ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión, al ocasionar daño al erario federal por más de 5 mil millones de pesos.

De acuerdo con Eutimio Ordoñez Gutiérrez, juez federal, este recurso decidió dárselo a la exfuncionaria federal debido a que las autoridades no pudieron comprobar que esos delitos existieron y que ella los cometió.

Indicó que los argumentos de la autollamada Cuarta Trasformación no fueron claros y no se especificaron las circunstancias de las infracciones ni se presentaron pruebas sólidas para respaldar las valoraciones.

Fu el 31 de octubre de 2020 cuando un impartidor de justicia de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, ordenó la captura de Robles Berlanga por los ilícitos antes expuestos.

José Garrigós, abogado de Robles Berlanga, declaró en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, que el juzgador con sede en Toluca, emitió dicha resolución el viernes pasado, al considerar que las medidas impuestas por la Fiscalía General de la República (FGR) son excesivas y que incurrió en anomalías al mantener encarcelada a su clienta desde el 13 de agosto de 2020 al 19 de ese mismo mes, pero de 2022.

HUBO VIOLACIONES A DH

El litigante agregó que en su reclamo, se sustentaron violaciones a sus derechos humanos y al debido proceso, dado que no existían evidencias para que permaneciera en prisión preventiva oficiosa en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, al no existir riesgo de fuga, como había sido argumentado con antelación un juez de control.

Anotó que otra irregularidad fue que pese a la orden de arresto, esta nunca fue cumplimentada y su representada permaneció recluida por la medida cautelar dictada en su contra.

Con base en el expediente judicial, se menciona que el juez de control consideró que la FGR acreditó la necesidad de cautela, debido a la capacidad económica de los indiciados en dicha causa peal, así como su facilidad de abandonar el país y sustraerse de la acción de justicia.

Garrigós manifestó que la FGR presentó una apelación contra la sentencia de amparo, ello al evidenciar su inconformidad porque a su modo quieren que siga un proceso judicial contra la exsecretaria de Estado.

“Si la sentencia se confirma, estaríamos ante un triunfo rotundo, inédito en cuestiones de acusaciones falaces como la delincuencia organizada y el lavado de dinero”, refirió el jurista en la charla con Gómez Leyva.

Para el abogado, este paso da esperanza a Robles Berlanga, quien a sus 66 años padece hipertensión, rinitis crónica y problemas en la cadera, los cuales fueron acreditados durante su encierro en Santa Martha Acatitla.

El 19 de agosto de 2022 la extitular de Sedesol y Sedatu fue liberada porque se acogió al criterio de oportunidad, que ofrece el gobierno federal para colaborar en la pesquisa de funcionarios y actores presuntamente inmiscuidos en la “Estafa Maestra”.

Un total de 10 millones 587 mil 967 cajas de medicamentos destinados a la atención psiquiátrica, fue aprobada durante mayo para su venta, por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Esta autorización es el resultado de una quinta etapa de liberación que incluyó la aprobación de 142 mil 681 cajas de medicamentos como pontiride, sulpirida, flupazine y trifluoperazina, producidos por el laboratorio Psicofarma en 16 lotes diferentes.

Para garantizar un suministro adecuado a nivel nacional, las autorizaciones otorgadas al fabricante limitan la comercialización de estos medicamentos exclusivamente al mercado interno.

Cabe destacar que la empresa es totalmente responsable de la comercialización de los fármacos”, afirmó la entidad.

Después de que en febrero pasado, la Cofepris suspendiera parcialmente la producción de medicamentos por parte de Psicofarma debido a la falta de cumplimiento de criterios de calidad nacionales e internacionales, se anunció que se está implementando una ruta regulatoria para mejorar el acceso a los medicamentos de atención psiquiátrica.

La dependencia está supervisando de cerca los avances del fabricante en la corrección de las irregularidades detectadas, detalladas en la Carta de Hallazgos emitida el 22 de febrero de 2023, con el objetivo de eventualmente reanudar la producción de más medicamentos controlados.