Las ONG internacionales de derechos humanos y supuestas “defensoras” del medio ambiente; con sus millonarios financiamientos se convierten en un peligro dentro del País; cada vez ubican liderazgos más personal y oficinas en  México; sobre todo en los estados del sureste, Centro y el Bajío; como Greenpeace; Indignación A.C; Cemda; “Fray Bartolomé de las Casas; Miguel Agustín Pro Juárez entre otras.

Una evaluación reciente sugiere que esto obstaculiza y afecta —en lugar de favorecer— la creación de otras organizaciones y grupos de apoyo locales de derechos humanos y ambientalistas; que a través de ellos las ONG internacionales se van quedando y sembrando el odio, la confrontación y la defensa de los intereses de sus proveedores, bienhechores y corporativos millonarios, con fines lucrativos. Opinan expertos sociólogos, economistas y analistas de relaciones exteriores.

Destacan que en China expulsan a las ONG por “ser peligrosas”; ya no tanto por el sistema político que viven; sino por el “terrorismo social” que van sembrando con la bandera de “populismo social abanderando causas contra la violación de los derechos humanos y el medio ambiente.

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Las razones igual es reducir lo que perciben como amenazas a la seguridad nacional. La ley que aprobaron precisamente establece que las ONG extranjeras no deben poner en peligro la unidad étnica, la cultura, la paz y la seguridad nacional de China.

Esta decisión legal provoco críticas e inconformidades de las autoridades, empresas y organizaciones académicas en Estados Unidos y Europa; de donde se originan y envían muchas ONG para los países  que encuentran tierra fértil en organizaciones estatales o regionales en otros Países.

Es importante considerar como las organizaciones de derechos humanos y de medio ambiente, de esta manera se van “internacionalizando”, incorporando personal y estableciendo oficinas; van evaluando las estrategias de arraigar la internacionalización de una organización de derechos humanos destacada.

Los beneficios  no son para las  agrupaciones locales y van obstaculizando e influenciando a las organizaciones nacionales en sus esfuerzos por crear las comunidades y movimientos de derechos humanos esenciales para lograr el respeto a los derechos humanos y del medio ambiente; llegan a ser coptados; por no decir comprados.

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Una presencia prolongada afianza a que las organizaciones sean mejores, ya que el personal local sabe más sobre las realidades y los matices nacionales, es menos probable (o posible) que se relacionen con aliados locales en términos exclusivamente instrumentales y es más probable que aborden los objetivos de derechos humanos y ambientales desde una perspectiva que tenga en cuenta las transformaciones sociales y políticas más amplias que se requieren. Dado que el personal  es más accesible con la comunidad;  en comparación con el personal que opera a distancia desde las oficinas centrales en otros países y por eso extienden su radio de influencia “tentáculos” para asentar bases.

Las organizaciones también han registrado avances importantes, aunque paulatinos, en una variedad de temas de derechos humanos, políticas, leyes y más. Sin embargo, aunque se logren muchos más de esos avances, esto no generará los tan buscados cambios sistémicos que solo pueden lograr los movimientos nacionales fuertes; que cambian cuando se ven influenciados o filtrados con apoyos internacionales.

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Si aceptamos que los movimientos nacionales son las herramientas esenciales para lograr  que respeten los derechos en toda su dimensión, entonces las organizaciones de derechos humanos y ambientales deben evaluar todas sus acciones en función de cómo afectan los esfuerzos para conformar, involucrar y movilizar grupos de apoyo locales por los derechos humanos y la ecología; y no dejarse contaminar por los intereses de otras organizaciones que sirven a intereses económicos; sociales y políticos.

Fuera de beneficio si la internacionalización  respondiera a las prioridades locales de derechos humanos; de la comunidad y sus causas justas y no a las prioridades e intereses de ellas. Todos los derechos y luchas son justase iguales, pero no tienen el mismo grado de aceptación o importancia estratégica en todos los contextos cuando se defienden con odio; división o comprando conciencias.

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La atención que han dado los defensores de derechos a los derechos económicos y sociales y sus alianzas estratégicas con movimientos nacionales por el cambio social —de los pobres, la gente sin tierra, los pueblos indígenas, los trabajadores y los activistas medioambientales, por nombrar solo unos cuantos– son evidencia de ello; como tratando de desestabilizar y lograr  una ingobernabilidad y repudio a los gobiernos locales y nacionales.

Esto implica adoptar enfoques estratégicos y proactivos que alejen al público de los líderes nacionalistas y populistas, como defender los derechos que se les niegan a las minorías y;  a buena parte de los miembros de la mayoría, o emprender iniciativas paralelas para difundir el alcance de los derechos humanos y contrarrestar los esfuerzos destinados a caracterizar los derechos como algo que solo sirve a un grupo determinado.

Las organizaciones  pueden eclipsar las voces nacionales en materia de derechos humanos, incluso a nivel local. Parte del razonamiento que justifica una mayor internacionalización de las organizaciones es el cambio de la estrategia de la denuncia y el descrédito en intentar relacionarse con los medios y con las élites políticas que podrían estar abiertas a estos contactos, e influir sobre ellos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos sectores ya están mucho más en sintonía  con su propia gente, algo que los populistas nacionalistas están explotando con gran eficacia; pero si aceptan recursos del extranjero; todo esto cambia y lo revierten. Lo que se necesita es que las autoridades estén alertas y ordene a las organizaciones internacionales, dentro de su territorio.

Debido al desequilibrio persistente y notorio en el financiamiento, las organizaciones están en notable desventaja frente a sus aliadas  bien financiadas. Los activistas que ven más allá de sus propias organizaciones reconocen que una distribución de recursos más equitativa contribuiría más a otros intereses que sus objetivos de derechos humanos y las causas que se defienden. Por lo tanto, financiar a las organizaciones debe ser una prioridad, y que no sean las organizaciones extranjeras;  no deben competir por el financiamiento de fuentes locales con sus homólogas. Esta no es simplemente una cuestión de equidad;  es de ser coherentes y “ayudar a ayudar”  en las comunidades y en los movimientos de derechos humanos en las regiones y que las ONG no se amafien.

En las ONG extranjeras; sus salarios considerablemente más altos y tienen su prestigio internacional, es como esas   organizaciones  pueden atraer a los profesionales locales establecidos que trabajan en las organizaciones nacionales, lo que añade otro desafío a los esfuerzos por fortalecer las comunidades nacionales de derechos humanos. Si las capacidades nacionales y el fortalecimiento de los movimientos tienen prioridad sobre los beneficios a corto plazo, las ONG  que se están internacionalizando tienen que explorar alternativas. Estas pueden incluir el invertir en la capacitación de nuevos integrantes jóvenes, para ampliar la comunidad de profesionales. Una vez más, esto requiere privilegiar los objetivos de largo plazo frente a las ganancias de corto plazo y que lo vienen a encontrar en las ONG internacionales; provocando divisionismo y ambiciones.

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La manera en que las organizaciones enfrenten estos y otros peligros de su internalización dependerá sin duda de su comprensión de cómo se han de lograr los derechos humanos en última instancia. Las organizaciones que reconocen el imperativo de desarrollar las capacidades nacionales para hacer que cumplan sus obligaciones afrontarán las inquietudes mencionadas directamente; respetarán las prioridades nacionales, privilegiarán la capacidad de respuesta a las voces nacionales, fomentarán el financiamiento para las agrupaciones nacionales y contribuirán a las capacidades nacionales. Sin embargo, las organizaciones extranjeras que siguen como principales motores de las ONG en México han ganado mucho terreno y se han quedado;  lo cual en nada favorece.

Evidente: China ya expulsa a ONG por “ser peligrosas” 

China aprobó una ley para endurecer el control sobre las organizaciones no gubernamentales extranjeras, autorizó a la policía vigilar a activistas y avaló expulsarlos del país si son “peligrosos para los intereses oficiales”. Se trata de un nuevo movimiento de las autoridades para reducir lo que perciben como amenazas a la seguridad nacional. La ley, aprobada por la legislatura nacional, establece que las ONG extranjeras no deben poner en peligro la unidad étnica y la seguridad nacional de China.

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También concede competencias a la policía para interrogar a los administradores, registrar sus instalaciones y confiscar equipamiento. La iniciativa ha provocado críticas de autoridades, empresas y organizaciones académicas en Estados Unidos y Europa. Las voces críticas temen que la ley restrinja de forma considerable las actividades de una amplia variedad de grupos; limitando aún más el desarrollo de la sociedad civil en China y socavando la circulación de organizaciones no gubernamentales entre China y el resto del mundo.

La ley incluye una cláusula que permite a la policía identificar a grupos “no bienvenidos” e impedirles trabajar en el país. A estos grupos se les acusa de infracciones que van desde obtener de forma ilegal secretos de estado no identificados a “difundir rumores, difamar o expresar o distribuir de cualquier forma información dañina que ponga en peligro la seguridad del estado”.

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La Red de Defensores Chinos de Derechos Humanos tachó la ley de “draconiana”, afirmando que permite que la policía ejerza “supervisión y vigilancia diaria” de las ONG extranjeras. La ley tiene un “impacto profundamente perjudicial en la sociedad civil en China”, afirmó.  Entre los aspectos más alarmantes, el grupo mencionó el que la policía pueda poner fin a las actividades organizadas por grupos extranjeros que consideren “ponen en peligro la seguridad nacional”; un concepto que no tiene una definición clara y contribuirá a que “la policía tome decisiones arbitrarias”. La policía también tiene competencias para vigilar más estrechamente los gastos y fuentes de financiación, “lo que tiene el pavoroso efecto de la intimidación”, indicó el grupo.

Muchas organizaciones extranjeras se han asociado con grupos sociales y académicos chinos; pero siguen estando en una legal gris que les deja expuestos a persecución de las fuerzas de seguridad. En un ejemplo reciente, China liberó y deportó de inmediato en enero a un hombre sueco acusado de formar y financiar abogados sin licencia en el país.

Cada día las ONG internacional se arraigan en el mundo y pueden llegar a ser un gran peligro para la estabilidad del país; sobre todo que las organizaciones locales cuando son “invadidas”, “compradas” con financiamientos y le dan todo lo mejor; se convierten en los adversarios más férreos contra el desarrollo y bienestar de las comunidades y de la activación económica de todo una entidad; urgen más leyes y controles para las ONG extranjeras dentro de un territorio.