José Rosas Aispuro, exgobernador estatal de Durango, fue vinculado a proceso bajo la acusación de haber realizado uso indebido de la fuerza pública en detrimento del periodista Carlos Iván Soto.

La decisión fue emitida por Juan Luis Ramírez López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Durango, tras dos sesiones de audiencias que acumularon 30 horas.

Según la resolución, se han establecido tres meses para la investigación complementaria y se han implementado medidas preventivas, las cuales incluyen la prohibición de molestar al comunicador.

El cargo legal contra Aispuro contempla una posible pena de prisión que oscila entre tres meses y cinco años, reflejando la gravedad del delito imputado.

La acusación formal fue presentada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República (FGR), bajo la representación de Ricardo Sánchez Pérez del Pozo.

Este hecho sugiere que el incidente puede haber infringido el derecho a la libre expresión del periodista Soto.

Los abogados de Soto, del bufete Pérez Rivera, Salas & Peña, presentaron en la audiencia 27 evidencias con la finalidad de probar la participación de Aispuro y confirmar la comisión del presunto delito.

Según el equipo legal, el exgobernador habría intimidado a Soto durante una llamada telefónica, usando reiteradamente su posición de autoridad para amenazar con acciones legales.

“El ex gobernador del estado hizo valer su cargo 17 veces durante la llamada, ya que de forma reiterada señaló que iba actuar en contra de Carlos Iván ante la Fiscalía de Justicia del Estado en su calidad de gobernador”, explicó el despacho.

Tres cabezas humanas fueron abandonadas frente a una instalación militar ubicada en Cancún, Quintana Roo, con un mensaje en un mensaje dirigido a la organización criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se registró una intensa movilización en Cancún tras el reporte de restos humanos abandonadas sobre la avenida López Portillo, frente a las instalaciones del 64 Batallón de Infantería.

alrededor de las 19:00 horas, el número de emergencia recibió un reporte y las autoridades de inmediato activaron el código rojo, que establece la alerta máxima.

Debido a que los restos fueron dejados frente a la entrada principal de la zona militar, agentes militares se encargaron de custodiar el área a la espera de los peritos forenses de la Fiscalía General de Quintana Roo, que se encargaron del levantar los restos humanos.

La zona fue fuertemente custodiada por agentes de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, Sedena y las agencias estatales y municipales de policía.

Un profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan fue despedido después de que una alumna lo denunciara en noviembre por el delito de abuso sexual.

De acuerdo con las acusaciones, la víctima (menor de edad) fue agredida sexualmente por su maestro de educación física, por lo cual se presentó una denuncia penal.

Se presume que fueron familiares de la estudiante, especialmente su madre, quienes notaron cambios en su conducta en octubre y noviembre, por lo que se presentaron ante autoridades universitarias para buscar justicia.

Desde el 28 de mayo se informó que la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de Violencia de Género de la UNAM y la Dirección del CCH Naucalpan establecieron contacto con la menor y su familia.

Autoridades de la máxima casa de estudios aseguraron que en todo momento se les brindó acompañamiento emocional, apoyo legal y académico, además de que la familia de la víctima solicitó “estricta secrecía sobre la denuncia y los hechos”.

Después de lo ocurrido también pidieron que la alumna pudiera continuar con su preparación académica a distancia.

Aclararon que el profesor ya fue rescindido y no tienen ningún vínculo laboral con la UNAM desde noviembre.

“El plantel Naucalpan seguirá apoyando a las autoridades responsables en las investigaciones periciales del proceso penal que sigue en curso”, indicaron.