La diputada federal María Elena Serrano hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación a informar el destino de recursos del Fideicomiso para el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores migratorios mexicanos.

A través de un punto de acuerdo, la integrante del Grupo Parlamentario del PRI solicitó a la Cámara de Diputados pedir a la dependencia federal, la emisión de un informe a la comunidad afectada, para que por medio de su portal en internet, dé a conocer detalles sobre el pago de adeudos a Braceros Rurales de 1942 a 1964.

La legisladora priista explicó que en el Parlamento Abierto realizado en la Cámara de Diputados, diversos especialistas y participantes se manifestaron a favor de la no desaparición del fideicomiso, además de extender el apoyo a los braceros.

Abundó que su solicitud se da porque no se reconoce que los apoyos entregados actualmente corresponden al total del despojo.

“Hoy en día no se sabe con certeza cuál es el adeudo exacto para cada persona, por lo que se requiere más investigaciones en torno al tema”, criticó la diputada migrante.

En ese sentido cuestionó si el titular del Ejecutivo está consciente del compromiso que el Estado Mexicano tiene con los Trabajadores Ex Braceros 1942-1964 de nuestro país.

María Elena Serrano reiteró su llamado a que a los ex trabajadores les sean devueltos los recursos del Fondo que con un gran esfuerzo y sacrificio constituyeron para su retiro.

El diputado José Guadalupe Buenrostro Martínez (PVEM) presentó una iniciativa para establecer como obligación que las maestras y los maestros del Sistema Educativo Nacional reciban anualmente capacitación en materia de protección civil, con el fin de fomentar la cultura de la prevención y la autoprotección ante una emergencia.

El proyecto, turnado a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, que adiciona una fracción VII al artículo 43 de la Ley General de Protección Civil, plantea que las autoridades correspondientes, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, deberán promover, en coordinación con las educativas, “que los docentes de educación básica del Sistema Educativo Nacional reciban anualmente capacitación en materia de protección civil”.

En su argumentación, el legislador establece que, si bien la Ley General de Educación ya contempla el fomento de la cultura de protección civil entre la comunidad escolar, resulta necesario incorporar a la Ley General de Protección Civil la capacitación en la materia para los docentes de primaria y secundaria al menos una vez al año.

Refiere que, por su estructura geográfica y morfológica, nuestro país es susceptible a diversos fenómenos perturbadores, naturales o no, como sismos, erupciones volcánicas, huracanes e incendios forestales, así como explosiones de depósitos y tuberías de gas o de combustible.

Por ello, sostiene Buenrostro Martínez, la cultura de la prevención de desastres tiene relevancia en todas las instituciones de la nación y, para fomentarla y promoverla, es necesario involucrar a las instancias de los tres órdenes de gobierno, pues debe ser parte importante de la educación integral de las niñas y los niños de México.

Añade que, fomentar la capacitación en materia de protección civil a la población, tiene efectos desde el nivel básico donde los docentes están día a día en convivencia con las y los alumnos; y es ahí donde prevalece la necesidad de incorporar las capacitaciones en la materia, a fin de conocer todas las señales, avisos, colores, formas y símbolos, de conformidad con lo estipulado por la NOM-003-SEGOB-2011.

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, integrante del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dio a conocer que la próxima semana se someterá a discusión una propuesta que busca darle al Congreso las facultades para emitir una ley general para poner fin a la extorsión y las modalidades que han surgido con el uso de las tecnologías.

La iniciativa que pretende reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extorsión y delitos cometidos a través de tecnologías de la información, fue presentada por la legisladora Juanita Guerra Mena, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y ha sido suscrita por diputadas y diputados de las distintas fracciones parlamentarias, entre ellos, destaca el coordinador de la bancada guinda Ignacio Mier Velazco.

Con la evolución de las tecnologías y la infraestructura digital, se explica en la iniciativa con proyecto de decreto, la delincuencia ha adaptado su modus operandi para para ampliar y diversificar sus actividades ilícitas, entre ellas, la extorsión: las bandas delincuenciales utilizan aparatos de comunicación para contactar a sus potenciales víctimas a través de llamadas o mensajes.

Entre las modalidades de extorsión de las que se valen los criminales se encuentran la obtención de supuestos premios, campañas publicitarias, otorgamiento de significativas líneas de crédito bancarias, donación a fundaciones altruistas, así como beneficios sociales y créditos a la palabra.

“Ese delito y cosas parecidas, hipótesis de conducta delictiva parecidas, es lo que más ha proliferado en los últimos años, es verdaderamente una preocupación”, alertó Robledo Ruiz al tiempo de informar que la actividad delictiva tiene una gran cifra negra, lo que significa que no puede ser cuantificable debido a que no se denuncia.

Por lo anteriormente expuesto, la iniciativa de reforma al artículo 73 de la Carta Magna plantea expedir la ley general en donde se establezcan los tipos penales y las sanciones para quien cometa extorsión y otros delitos vinculados cometidos a través de tecnologías de la información y la comunicación.