El Senado de la Republica, aprobó las reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de pensiones alimenticias; antes lo cual Ricardo Monreal aseguró que se tratado de “un hecho inédito, justiciero y necesario”.

A través de redes sociales, el líder de la bancada de mayoría en el Senado, resaltó que el dictamen aprobado provee los instrumentos, acciones y políticas necesarias para garantizar los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

Es fundamental, consideró, garantizar dicho derecho familiar, porque este incluye: satisfacción de las necesidades de sustento, supervivencia y en especial alimentos, nutrición, vestido, habitación, recreación, atención médica y psicológica preventiva, y también la salud, asistencia médica y hospitalaria y en su caso, gastos de embarazo y parto.

Asimismo, agregó, los gastos derivados de la educación, la formación para proporcionar un oficio, arte y profesión o con relación a los menores con algún tipo de discapacidad o interdictos.

Ricardo Monreal explicó que, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, dispondrán lo necesario a fin de establecer como requisito la presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, para procedimientos y tramitaciones como:

La obtención de licencia, permiso para conducir, pasaporte, documentos de identidad y viajes para participar en algún evento; así como para participar como candidatos a cargos concejiles o de elección popular.

De igual forma, subrayó, se solicitará dicho certificado para participar en procesos de selección para asumir el cargo de juez o magistrado, en el ámbito local y federal.

Precisó que en los trámites realizados ante notario público, también puede haber restricciones, como los relativos a la compra-venta de inmuebles o la constitución o transmisión de derechos reales.

Indicó que se requerirá el certificado para las solicitudes de matrimonio, donde el juez deberá hacer del conocimiento de los contrayentes si alguno se encuentra en el Registro y la situación que guarda respecto a sus obligaciones alimenticias.

Finalmente, apuntó, se incorpora la previsión relativa a medidas de restricción migratoria, con el objeto de impedir que las personas inscritas en el Registro Nacional, pueda salir del país cuando sean deudores alimentarios morosos o cuando existan medios que determinen hay riesgo de que puede salir del país, para incumplir su responsabilidad.

La asociación civil Que Siga la Democracia acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de “perseguir a la ciudadanía”, debido a que, en distintas ocasiones la institución ignoró la solicitud de la organización de informes donde detallara las presuntas inconsistencias señaladas en la recolección de firmas.

En el comunicado de prensa, la asociación afirmó que el INE en ningún momento ha demostrado con pruebas fehacientes dichas irregularidades, con el argumento de que no puede otorgarse información por protección de datos personales.

La institución no entregó a la agrupación el padrón electoral, como lo realiza en cada una de las elecciones, ni brindó acceso a la plataforma digital para verificar las firmas.

Cabe recordar que la autoridad electoral decidió sancionar a Que Siga la Democracia, que impulsó a la ciudadanía a participar en la consulta para revocación de mandato en 2022, luego de identificar más de 14 mil firmas de personas fallecidas.

En el comunicado, la organización civil Que Siga la Democracia explicó que cotejaron la información de la credencial de elector con la información que había en el formato, pero la falta del padrón les impidió saber si las firmas estaban vigentes o si las personas habían sido dadas de bajas del padrón electoral por defunción.

La organización hizo hincapié en que no se debe permitir que se empañe el trabajo de la ciudadanía y añadió que los ciudadanos que forman parte de dicha organización están comprometidos a fortalecer la democracia.

Asimismo, señalaron que no se debe permitir que consejeros ciudadanos que siempre han estado en contra de la democracia del país y de su burocracia dorada se salgan con la suya.

El cartel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron señalados como los principales responsables de causar daños “catastróficos en comunidades de todo Estados Unidos”, según el informe publicado éste viernes por la Administración de Control de Drogas (DEA, sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

La DEA reiteró en el informe que desde septiembre de 2022 ha creado equipos de contra amenaza dirigidos especialmente a estos dos cárteles, en donde aseguró que sus elementos identifican, mapean y apuntan a las redes criminales completas de cada cartel con el objetivo de “derrotarlos”.

Anne Milgram, administradora de la DEA, señaló que la institución está para proteger la salud y la seguridad de los estadounidenses.

“En este momento, la misión de la DEA de proteger la salud y la seguridad de los estadounidenses nunca ha sido más importante”, expresó.

El documento señala de forma directa que “La DEA ha identificado a los cárteles de Sinaloa y Jalisco como las principales amenazas globales contra los Estados Unidos en la actualidad y ha creado equipos para contrarrestar las amenazas y que se enfocan en estos dos cárteles”.

El tema del narcotráfico en México y EUA, se avivó a inicios de marzo con el secuestro de cuatro estadounidenses, lo que derivó que dos de ellos fueran asesinados, además de que un grupo de senadores republicanos pidieron a su Departamento de Estado que se reconozcan a los cárteles como grupos terroristas.